Análisis Político
La diputada Mady Verónica Yonz Núñez presentó un proyecto de ley que busca fortalecer el sistema de seguridad ciudadana mediante la creación de una Red Nacional Integrada de Videovigilancia y Respuesta Inmediata, que permita articular las cámaras y centros de monitoreo de distintas entidades públicas del país.
La propuesta plantea conectar progresivamente los sistemas de videovigilancia de la Policía Nacional del Perú, gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales, así como de otras instituciones públicas, con la finalidad de mejorar la prevención del delito y agilizar la atención de emergencias.
De acuerdo con la iniciativa, el Ministerio del Interior asumiría la rectoría del sistema, mientras que la Policía Nacional estaría a cargo de la conducción operativa. La implementación priorizaría el uso de la infraestructura ya existente, sin que sea obligatorio concentrar todas las imágenes en una única base de datos.
El proyecto también establece que los centros de videovigilancia deberán mantener coordinación con las centrales de emergencia y unidades policiales, permitiendo validar alertas y facilitar una respuesta conjunta de la Policía, serenazgo, bomberos o servicios de salud ante hechos que requieran atención inmediata.
Asimismo, las grabaciones relacionadas con posibles delitos deberán ser conservadas para facilitar las investigaciones y, cuando corresponda, ser entregadas a la Policía Nacional, Ministerio Público o Poder Judicial.
La propuesta surge en un contexto de preocupación por la inseguridad ciudadana y las deficiencias en los sistemas de vigilancia. Según información citada en el proyecto, durante el 2025 la Contraloría detectó más de 1,500 cámaras de videovigilancia inoperativas en 248 gobiernos locales.
Finalmente, la iniciativa contempla medidas para proteger la privacidad y los datos personales, prohibiendo el acceso no autorizado, la difusión o comercialización de imágenes y el seguimiento injustificado de personas. Su implementación sería progresiva y se financiaría con los presupuestos de las entidades involucradas, sin generar gastos adicionales al Tesoro Público.
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