Análisis Político
En una reciente entrevista en el programa conéctate con Mayra Alvarez, el General de la PNP. José Zavala, encargado de la seguridad en La Libertad, debatieron ampliamente sobre la crisis de seguridad, los problemas relacionados con la minería ilegal y las intervenciones policiales en las protestas locales
Mayra inició la conversación abordando el tema del uso de la fuerza policial contra los manifestantes, mostrando un video que evidenciaba a agentes de la Policía disparando proyectiles contra los protestantes. Este instante desató un intenso debate sobre la respuesta policial a las protestas.
Al cuestionar la versión oficial de los hechos, Mayra subrayó que tenía datos de víctimas heridas, a lo que el General Zavala se mostró evasivo y rápidamente intentó desacreditar el video, sugiriendo que se trataba de imágenes antiguas y no de los eventos actuales. Sin embargo, Mayra insistió, indicando que los datos médicos confirmaban la gravedad de las lesiones y que la cobertura mediática de los heridos indicaba que sí existían incidentes recientes.
A medida que la presión aumentaba, el General argumentó que la Policía había utilizado “armas menos letales“, específicamente proyectiles de goma, en situaciones extremas donde era necesario restaurar el orden. Sin embargo, su intento de minimizar el impacto de estas acciones se percibió como un eufemismo, y Mayra criticó abiertamente esta estrategia. Ella enfatizó que, independientemente de cómo se clasifiquen, estas armas pueden causar heridas graves, particularmente cuando las víctimas son personas no involucradas en las protestas.
La conversación tomó un giro crítico cuando ambos discutieron la influencia de la minería ilegal en la violencia y el caos en la región. El General Zavala, en un esfuerzo por exponer la complejidad del problema, mencionó que la minería ilegal es un factor clave en la delincuencia y la extorsión en Trujillo. “La minería ilegal es la madre del cordero”, afirmó, sugiriendo que este fenómeno es fundamental para entender la inseguridad en la región.
Zavala hizo hincapié en que las víctimas de secuestros son, en su mayoría, personas dedicadas a la minería ilegal, quienes manejan grandes sumas de dinero. Este contexto se enmarca en una crítica a la Ley 31989, que impide la incautación de materiales utilizados en la minería ilegal, como explosivos y armas. Mayra resaltó que este vacío legal ha permitido que los elementos necesarios para estas actividades ilícitas circulen sin control, contribuyendo así a la proliferación del crimen.
Ambos coincidieron en que se necesita un trabajo multisectorial para abordar la situación de la minería ilegal y sus implicaciones. Sin embargo, el General Zavala trató de justificar la falta de acción de la Policía, afirmando que se están logrando importantes capturas y desarticulaciones de bandas criminales. Sin embargo, esta afirmación fue percibida como insuficiente ante la creciente sensación de inseguridad entre la población.
Mayra, por su parte, recordó un caso reciente en el que una organización criminal fue desarticulada, y en la que estaban involucrados un comandante, un general y un exdirector regional de Energía y Minas, todos vinculados al partido político Alianza para el Progreso. Esta referencia evidenció la necesidad de indagar más en la relación entre la minería ilegal y las estructuras de poder locales, sugiriendo que sin un análisis profundo de estos vínculos, la solución a la delincuencia permanecería esquiva.
La entrevista culminó con críticas hacia la gestión del gobernador regional César Acuña, sugiriendo que su falta de liderazgo ha contribuido al deterioro de la situación en la región. La conversación dejó a la audiencia con un claro sentido de urgencia sobre la necesidad de un cambio significativo en la gestión de la seguridad en La Libertad, donde la voluntad política y la colaboración entre las autoridades parecen ser elementos cruciales que aún no se han concretado en acciones efectivas.