Análisis Político
Exigen respuestas sobre el caso registrado en enero de 2023 en la DEPINCRI Huancavelica. La población demanda conocer qué acciones adoptaron las autoridades para esclarecer los hechos y garantizar justicia para la menor.
Una grave denuncia por presunta violencia sexual contra una niña de apenas ocho años vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que exige respuesta. ¿Qué ocurrió con la investigación registrada el 20 de enero de 2023 en el Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) de la Policía Nacional del Perú en Huancavelica?
La documentación policial señala a Odar Unocc Enríquez, comunero de Santa Ana – Castrovirreyna, como presunto responsable de un delito contra la libertad sexual en agravio de una menor de edad. Según la declaración recogida en la denuncia, la madre de la niña manifestó que, al retornar a su domicilio, encontró a su hija llorosa y que, al preguntarle qué había sucedido, la menor habría señalado a un familiar.
La gravedad de los hechos denunciados exige conocer cuál fue la actuación de las autoridades desde que tomaron conocimiento del caso. La denuncia contra Odar Unocc Enríquez constituye un antecedente que no puede ser ignorado y cuyo estado actual debe ser esclarecido por las instituciones competentes.
En Huancavelica, donde las autoridades han informado recientemente sobre condenas por delitos sexuales contra menores, la exigencia de justicia y protección de la infancia mantiene plena vigencia. El Ministerio Público ha reiterado su compromiso de perseguir estos delitos y garantizar la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La pregunta ahora es concreta. ¿Qué acciones realizaron las autoridades para esclarecer los hechos denunciados? ¿Qué medidas se adoptaron para proteger a la menor? ¿Cuál es el estado actual de las investigaciones y qué falta para determinar las responsabilidades correspondientes?
La población merece respuestas. La protección de la infancia no puede limitarse a declaraciones institucionales. Requiere investigaciones diligentes, atención especializada y garantías de que las víctimas no serán abandonadas durante el proceso.
La denuncia debe ser esclarecida y las autoridades deben informar sobre las actuaciones realizadas. Si se acredita responsabilidad penal, corresponde aplicar la sanción que establece la ley. La justicia para una niña no puede quedar relegada al silencio.