Análisis Político
En una reciente entrevista con Mayra Alvarez, se puso al descubierto un grave conflicto laboral dentro de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR). El abogado Kevin Contreras Blancas presentó el caso de María Conopuma, una ingeniera industrial y asistente administrativa con amplia trayectoria, quien fue despedida el pasado 15 de enero.
Denuncia de despido arbitrario y reincidencia legal
Lo alarmante del caso es que María Conopuma ya había ganado previamente un proceso judicial de reposición contra la misma institución tras un despido similar ocurrido en 2023, lo que sugiere un patrón de hostigamiento persistente bajo la gestión de la actual secretaria técnica, Patricia Donayre.
"Mi patrocinada ha laborado desde el año 2021 como asesora en administración para la ANGR. Sufrió un despido en los 2023 justamente por la señora Patricia y logró su reposición en mayo del 2024. Sin embargo, el día 15 de enero del 2026, tras las nuevas elecciones en la ANGR, nuevamente se le señala que hasta allí nomás va a trabajar, enviándole una carta notarial bajo el argumento de retiro de confianza", detalló el abogado Contreras Blancas.
La vulneración del marco legal y el cargo de confianza
La controversia central gira en torno a la naturaleza del puesto de la trabajadora. Según la defensa, la ANGR ha intentado calificar fraudulentamente el cargo de asistente administrativo como uno "de confianza" para facilitar su salida sin previo aviso. El abogado explicó que, al existir una sentencia previa de reposición, el sistema judicial ya ha reconocido que las labores de Conopuma son ordinarias y, por lo tanto, goza de protección contra el despido arbitrario, a diferencia de los funcionarios de alta dirección que sí están sujetos a la libre remoción.
"La prueba irrefutable de que mi patrocinada es una trabajadora de funciones ordinarias es que ella fue objeto de una reposición en mayo del 2024. Los trabajadores de confianza o de dirección no tienen derecho a reposición. Ella es una asistente de administración que no tiene un contacto personal y directo con el empleador; por tanto, se le está desvinculando de manera fraudulenta y sin el debido procedimiento de falta grave", precisó el letrado.
Hostigamiento laboral y condiciones discriminatorias
Además del despido, se denunciaron condiciones de trabajo humillantes tras el retorno de la trabajadora por mandato judicial. De acuerdo con el testimonio legal, a su regreso a la institución, no se le permitieron retomar sus funciones habituales y fue aislada físicamente del resto del equipo administrativo. Estas acciones han sido interpretadas como una estrategia de presión psicológica para forzar su renuncia, vulnerando su dignidad como profesional y como trabajadora del sector público.
"Cuando mi patrocinada es repuesta, le hacen firmar un contrato y las labores que le dan llegan a ser distintas a las que ella realizaba. Tenía su propia oficina y luego tuvieron que adecuar un material tipo drywall improvisado dentro de una oficina a la entrada de la asamblea para ella. Hubo un trato discriminatorio e inclusive diferente a las funciones que ella realizaba", denunció el abogado durante el programa.