Análisis Político
En una reciente entrevista en el programa "Conéctate con Mayra Alvarez", la suspendida Fiscal de la Nación, Dra. Delia Espinoza Valenzuela, rompió su silencio desde la región Puno. Durante su visita, realizada en el marco de la conmemoración de los tres años de las muertes ocurridas durante las protestas sociales, Espinoza ofreció un contundente análisis sobre la crisis del sistema de justicia, la injerencia del poder político y la situación de la democracia en el Perú.
Un recibimiento masivo y el compromiso con las víctimas en Puno
La presencia de la magistrada en el sur del país marcó un contraste evidente con la recepción que suelen tener las figuras políticas tradicionales. Espinoza, quien aclaró que su visita no responde a intereses proselitistas sino a una convicción humana y jurídica, participó en los actos conmemorativos de las masacres del 9 de enero. Su llegada fue recibida con muestras de afecto y respaldo popular, un escenario que ella interpreta como una demanda insatisfecha de justicia por parte de la población.
“Yo vengo como ser humano y como abogada, con mis conocimientos, a poder aportar en que sigan luchando, sigan buscando la justicia que va a llegar tarde o temprano, la justicia divina y la justicia humana también (...) Me siento honrada porque me han invitado de manera especial para poder acompañarlos en esta memoria, en esta conmemoración de las masacres”.
Desactivación de equipos especiales: Un golpe a la investigación
Uno de los puntos más críticos abordados durante la entrevista fue la reciente decisión de la Fiscalía de la Nación interina —a cargo de Tomás Aladino Gálvez, según lo mencionado en el diálogo— de desactivar el equipo especial (EFICAVIP) encargado de investigar las muertes y violaciones de derechos humanos durante las protestas. Para Espinoza, esta medida carece de sustento técnico y representa un grave retroceso que dilata los procesos.
La magistrada explicó que la redistribución de carpetas fiscales, bajo la excusa de un "reordenamiento", en la práctica significa que los fiscales que ya conocían los casos a fondo dejarán de investigarlos, obligando a reiniciar el estudio de expedientes complejos y favoreciendo, en última instancia, a los responsables de los crímenes.
“Si revisamos bien la resolución que desactiva al EFICAVIP, así como los demás equipos especiales, no hay razones válidas. No hay razones sustentadas, argumentos técnicos que respalden esta desactivación (...) Es un despropósito en el momento donde están avanzando con los casos de manera tan decidida. Lo peor es que ordena la redistribución de las carpetas fiscales; eso es grave porque los fiscales que conocían el caso lo van a dejar de conocer”.
Diferencias en el presupuesto del Ministerio Público y mensaje al poder político
La suspendida fiscal comparó el rechazo presupuestal que enfrentó durante su gestión con la rápida aprobación de fondos al fiscal interino. Atribuyó esta diferencia a su enfoque imparcial en las investigaciones, mientras que el actual interino habría enviado señales de no persecución al poder político. “Yo, obviamente, no pedí disculpas por investigar a los señores, sino que yo hice mi trabajo con la constitución y la ley en la mano. El señor públicamente ha pedido disculpas. Ha dicho que no va a ser excesivo, que no tiene que haber tantas investigaciones”, comentó. Esto, según ella, fue interpretado como un gesto claro: “Eso ha dado un mensaje claro al poder político, al poder que domina el presupuesto, de que no los va a perseguir. Y esa es la respuesta de ellos: a ti sí te damos el presupuesto que nos pides”.
Perú como un "Estado Híbrido": Entre la democracia y la dictadura
Al analizar la coyuntura nacional, la Dra. Espinoza coincidió con las calificaciones internacionales que ya no consideran al Perú como una democracia plena. Citando conceptos manejados por publicaciones como The Economist, describió la situación actual como un "estado híbrido", donde conviven formalidades democráticas con prácticas autoritarias y abusos de poder sistemáticos.
Esta definición se sustenta, según su análisis, en la arbitrariedad con la que se manejan las instituciones tutelares y la falta de independencia de poderes, lo que deja a la ciudadanía en una situación de vulnerabilidad frente al Estado.
“El Perú no es al cien por ciento una democracia (...) es un estado híbrido: mitad democracia, mitad dictadura, porque sí hay manifestaciones clarísimas de arbitrariedad y de abusos de poder. Y eso es lo que define este tipo de estado híbrido”.