Análisis Político
En una reciente entrevista con Mayra Alvarez, el congresista de la República Alfredo Pariona Sinche se pronunció sobre dos decisiones adoptadas por la Comisión Permanente del Congreso: la inhabilitación de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). El parlamentario explicó las razones de su votación y advirtió sobre el impacto político e institucional de ambas medidas.
Inhabilitación de la fiscal de la Nación y percepción ciudadana
El congresista sostuvo que la inhabilitación de la fiscal de la Nación fue impulsada por una mayoría parlamentaria conformada, en su opinión, por legisladores con procesos de investigación en curso. Esta situación, indicó, ha generado una fuerte percepción de represalia política ante la labor del Ministerio Público.“La percepción que queda es: por investigarme mejor te saco. Ese es el escenario que ha dejado la Comisión Permanente”, afirmó.
Acusaciones de persecución política
Pariona Sinche remarcó que la medida adoptada no responde a criterios técnicos ni jurídicos, sino a una motivación política que afecta la credibilidad del Congreso ante la ciudadanía. Si bien reconoció discrepancias con algunas actuaciones de la fiscal, señaló que estas no justifican su separación del cargo.“Finalmente lo que se percibe es una persecución política. No se está actuando con imparcialidad”, sostuvo.
Cuestionamientos a la imparcialidad parlamentaria
El legislador advirtió que determinados procedimientos dentro del Parlamento refuerzan la desconfianza ciudadana, especialmente cuando existen aparentes conflictos de interés en la evaluación de expedientes. Según indicó, estos hechos consolidan una imagen negativa del Congreso frente al país.“Todo esto alimenta la percepción generalizada del pueblo peruano, que siente que aquí se están cubriendo presuntos hechos que deberían esclarecerse”, señaló.
Defensa de la institucionalidad y el Estado de derecho
Desde la posición de su bancada, el congresista reiteró que su voto en contra de la inhabilitación responde a la defensa de la institucionalidad y la independencia de los organismos de justicia, pilares fundamentales del Estado de derecho.“Creemos que la justicia debe actuar con verdad e imparcialidad, sin presiones políticas”, enfatizó.