Análisis Político
En una reciente entrevista en el programa Conéctate con Mayra Alvarez, Fernando Regal Gastelumendi, representante de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS Perú), alertó sobre los graves impactos de la minería ilegal en la Amazonía y criticó la inacción del Congreso para frenar esta crisis.
Impactos ambientales y socialesRegal destacó que la minería ilegal, especialmente la aurífera en ríos con dragas —prohibida por ley—, contamina el agua con mercurio, altera los cauces naturales y destruye bosques. En Madre de Dios, por ejemplo, se han perdido más de 300,000 hectáreas de bosque, dejando tras de sí paisajes degradados y cuerpos de agua artificiales contaminados.
Además, señaló que esta actividad genera conflictos sociales: "Llega a comunidades nativas, crea división entre quienes buscan oportunidades económicas y quienes defienden su territorio, todo en un contexto de ausencia estatal". Agregó que la minería ilegal se vincula con otras actividades criminales, como el narcotráfico y la trata de personas.
Fracaso en la formalización y leyes ambiguasDurante la entrevista, se cuestionó la Ley MAPE, una propuesta del Congreso que, según Regal, "no resuelve el problema y hasta genera vacíos legales". Entre sus riesgos:
"No se consultó a las comunidades ni se basó en evidencia científica. Es una ley hecha para favorecer a grupos de poder", denunció.
Ausencia de políticas protectorasAl ser preguntado sobre alguna ley reciente que proteja la Amazonía, Regal fue contundente: "No hay ninguna. Este Congreso no ha aprobado nada que revierta la deforestación o la contaminación". Criticó la falta de articulación entre el gobierno central, regionales y locales, así como la ausencia de estrategias para un desarrollo sostenible.
Un llamado urgenteEl experto cerró con un mensaje claro: "No estamos contra el desarrollo, pero debe ser responsable. Degradar la Amazonía es dispararnos en el pie como nación". Insistió en que se necesita un marco legal consensuado, que formalice a mineros artesanales con prácticas sostenibles y combata a las redes criminales.
"La solución requiere ética, voluntad política y respeto a los derechos ambientales y sociales", concluyó Regal.