Análisis Político
En una reciente entrevista en el programa Conéctate con Mayra Alvarez, Martín Salas Zegarra, ex Fiscal Adjunto Anticorrupción y actual vocero nacional de Alianza para el Progreso (APP), abordó la crisis institucional que enfrenta el Ministerio Público en Perú, así como las acusaciones de corrupción que involucran a diversos actores políticos y su compromiso con la lucha contra la criminalidad organizada.
La JNJ y su presunta instrumentalizaciónSalas Zegarra sostuvo que la JNJ busca destituir a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, mediante un proceso irregular, violando la autonomía del Ministerio Público.
"La JNJ está respondiendo a intereses de un sector político cuestionado y poderoso. Quieren imponer una fiscal que les sirva de blindaje", afirmó.
Además, señaló que la reincorporación de Patricia Benavides —anulada por el Poder Judicial— fue un acto ilegal, pues su caso ya estaba judicializado.
Congreso y Poder Ejecutivo: ¿Aliados en la corrupción?El exfiscal reveló que más del 60% del Congreso está siendo investigado por delitos como corrupción, lavado de activos y crimen organizado, incluyendo a miembros de Alianza para el Progreso (APP).
"Si hay correligionarios de APP involucrados en delitos, deben ir a prisión. Pero no se puede culpar a un partido por actos individuales", aclaró, defendiendo su postura anticorrupción dentro de la bancada.
También criticó al Gobierno de Dina Boluarte, acusándolo de avalar las acciones de la JNJ al retirar el esquema de seguridad de Delia Espinoza y otorgárselo a Benavides.
El compromiso de transformaciónSalas Zegarra, quien ahora es vocero nacional de APP, aseguró que su llegada al partido busca convertirlo en un referente de lucha anticorrupción.
"Si me convocaron, es porque saben que no toleraré actos ilícitos. APP debe ser un ejemplo, y los resultados se verán", declaró.
"Haré de APP un partido símbolo en el Perú y un ejemplo de la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada.", aseguró.
Sin embargo, reconoció que hay leyes cuestionables promovidas por el Congreso, como la Ley Soto, que afectan las investigaciones penales.