Análisis Político
En una reciente entrevista en el programa Conéctate con Mayra Alvarez, el abogado Rodrigo Lauracio Apaza, representante de la Red Muqui, detalló los argumentos legales y sociales detrás de la resistencia contra el proyecto minero Tía María de Southern Perú, que cumple 15 años de lucha y ha dejado ocho fallecidos, criminalización de protestas y un paro indefinido de más de 40 días en el Valle de Tambo (Arequipa).
Lauracio explicó que la demanda busca frenar el proyecto de la empresa Southern Perú, argumentando que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado en 2014 perdió vigencia en 2019, según la Ley 27446, que establece un plazo máximo de cinco años. “Todas las autorizaciones otorgadas a Southern, como la licencia de construcción, no serían válidas porque el título habilitante principal ya caducó”, afirmó. Además, señaló que la empresa no cuenta con licencias para el uso de agua, un punto confirmado por autoridades como la ANA y DICAPI en una audiencia descentralizada liderada por congresistas como Jaime Quito en noviembre pasado.
El abogado también desmintió la narrativa que tilda a los pobladores de “antimineros”, aclarando que su oposición se basa en observaciones técnicas y ambientales no resueltas desde 2009. “No son meros pareceres, sino argumentos concretos. Más del 90% de la población ha rechazado el proyecto en consultas populares por los riesgos que representa”, precisó Lauracio. Entre estos riesgos, mencionó la amenaza a la salud, el agua y la agricultura, que sostiene a unas 50 mil personas y abastece al sur del país con productos como ajo, cebolla y arroz de exportación.
La entrevista también tocó el rol de las autoridades. Lauracio criticó la falta de respuesta del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y del SENACE a las peticiones administrativas para declarar la caducidad del EIA, lo que llevó a la acción judicial. Asimismo, lamentó la aparente indiferencia del gobierno regional de Arequipa, cuyo gobernador, según los pobladores, no ha mostrado un respaldo claro pese a las responsabilidades ambientales en juego, como la protección de ecosistemas frágiles.
Rodrigo Lauracio envió un mensaje al Ejecutivo y al Congreso: “Los pobladores no son antimineros ni se oponen al desarrollo. Exigen que toda actividad económica cumpla con las exigencias legales y ambientales, y que la población participe. Seguiremos luchando hasta que el gobierno entienda que Tía María no va”.