Análisis Político
En una entrevista en el programa "Conéctate con Mayra Alvarez", José Antonio del Pino, Representante y Propietario de Concesiones Mineras Auríferas - Huancavelica, abordó diversas problemáticas relacionadas con la minería en Perú y la necesidad urgente de formalizar este sector.
"La inacción del Estado para implementar políticas efectivas de formalización minera ha sido calamitosa, y si no se toma acción inmediata, seguiremos atrapados en un ciclo interminable de promesas incumplidas."
José Antonio del Pino comenzó hablando sobre la ampliación del REINFO, una medida propuesta por el Ejecutivo que vence el 31 de diciembre. Afirmó que, si bien esta es la única salida inmediata, no ofrece una solución a largo plazo. Según el entrevistado, "no es una solución que nos pueda brindar una tranquilidad a mediano ni mucho menos a largo plazo". Explicó que la ampliación ha fracasado debido a la inacción del Estado, que no ha implementado políticas efectivas para formalizar la minería en más de diez años. "La inacción del Estado para implementar esta política llena de buenas intenciones ha sido calamitosa", comentó.
"El Estado peruano ha sido incapaz de garantizar la transición de la minería informal a la formalidad, lo que ha perpetuado la explotación ilegal y ha puesto en peligro tanto el medio ambiente como las comunidades locales."
Sobre el papel de los gobiernos regionales en la minería, Mayra Alvarez le preguntó si consideraba que la descentralización ha sido una buena decisión, dado que la minería artesanal y la pequeña minería están bajo su competencia. José Antonio del Pino defendió la descentralización, destacando que es parte de un marco más amplio de descentralización y regionalización, pero reconoció que los gobiernos regionales no han podido cumplir con las expectativas debido a la falta de profesionales capacitados para atender los petitorios y procedimientos de formalización. "No se han implementado la cantidad suficiente y necesaria de profesionales para atender los petitorios mineros y la formalización", señaló.
En este sentido, también comentó sobre la sobrecarga de trabajo en los funcionarios encargados de los trámites de formalización, citando un aumento significativo en los petitorios mineros: "El año pasado se realizaron 10 petitorios, y hasta lo que va de 2024 ya hemos llegado a 60, es decir, seis veces más". Esto refleja el crecimiento de la actividad minera, pero también una falta de capacidad para manejar la demanda.
Al referirse a la Ley MAPE propuesta por el Ejecutivo, José del Pino expresó su escepticismo sobre su efectividad, particularmente en relación con el plazo de seis meses para la formalización. "Si en esos seis meses el propio Estado no cumple con habilitar ventanillas para atender los requerimientos, lo que puede suceder es que tengamos que ampliar el plazo una vez más, y eso nos lleva a un ciclo interminable", advirtió.
También subrayó la importancia de reconocer la minería artesanal y pequeña minería como actividades económicas legítimas, y no simplemente como informalidad. "Nosotros no somos informales dentro de la economía nacional. Pagamos IGV, pagamos planillas, pagamos el Seguro Social, etcétera", afirmó. Destacó que la minería artesanal y la pequeña minería contribuyen de manera significativa al Producto Bruto Interno (PBI) del país, llegando a representar hasta el 10% del PBI y el 60% de las exportaciones peruanas.
Respecto a la minería ilegal, señaló que, aunque este es un problema real, no debe confundirse con la minería artesanal y pequeña minería. "La minería ilegal es aquella que entra en zonas reservadas y no respeta las normativas medioambientales o arqueológicas", explicó. En su opinión, las actividades ilegales son el resultado de la falta de control por parte del Estado y no de una falla inherente a la minería como actividad económica.
En cuanto a la relación entre la minería y la criminalidad, José del Pino afirmó que las organizaciones criminales que operan en las zonas mineras son una consecuencia de la debilidad institucional en el país. "Es el Estado, y no el Ministerio de Energía y Minas, el que tiene la responsabilidad de combatir la criminalidad y la violencia en estas zonas", señaló. Afirmó también que la falta de acción por parte de las autoridades permite que la minería ilegal florezca y que incluso las organizaciones criminales se beneficien de la situación.
José Antonio del Pino destacó la necesidad urgente de contar con profesionales capacitados para la formalización de la minería, la importancia de que el Estado asuma su responsabilidad en el control de la minería ilegal y la necesidad de un marco normativo más claro y eficaz. "Para formalizar la minería, se necesitan profesionales que conozcan la realidad", concluyó, haciendo un llamado a la acción inmediata para solucionar los problemas que enfrenta la minería en Perú.