Análisis Político
Una suspensión bajo cuestionamiento ético y profesional
En una reciente entrevista en el programa "Conéctate con Mayra Alvarez", el fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato actualmente suspendido, abordó la delicada situación que atraviesa el sistema de justicia en el Perú y las razones detrás de la sanción de seis meses impuesta por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Según Pérez, su alejamiento preventivo del cargo, que ya cumple un mes de ejecución, carece de sustento técnico sólido y respondería más bien a una represalia por sus declaraciones públicas respecto al juzgamiento del expresidente Pedro Castillo. El magistrado cuestiona que se le acuse de "afectar la imagen de la institución" por ejercer su derecho a la opinión y al análisis jurídico, especialmente cuando su trayectoria incluye hitos como la condena contra el exmandatario Alejandro Toledo.
La dualidad en la gestión de la Fiscalía de la Nación
Sobre la naturaleza de su suspensión y el clima interno en el Ministerio Público, Pérez señaló una actitud contradictoria por parte de la actual gestión interina. El fiscal sostuvo que existe una diferencia marcada en cómo se procesan las denuncias dependiendo de los actores involucrados, sugiriendo que se utiliza el aparato disciplinario para debilitar a los equipos que investigan casos de alto impacto político y social. Al respecto, el magistrado manifestó: "Es una situación bastante paradójica que el Fiscal de la Nación utilice toda su fuerza para atacar a sus propios fiscales, pero para defender la institución, defender la investigación y perseguir el delito sea una persona muy cauta", haciendo hincapié en que esta falta de respaldo institucional no solo lo afecta a él y a Rafael Vela, sino también a los equipos encargados de investigar las masacres de finales de 2022 y casos de vulneración de derechos humanos.
El Tribunal Constitucional y el trato diferenciado a Keiko Fujimori
Finalmente, el punto más crítico de su exposición residió en la denuncia de un "doble rasero" por parte del Tribunal Constitucional (TC) al resolver recursos de figuras políticas opuestas, señalando una intromisión que favorece directamente a la lideresa de Fuerza Popular. Pérez enfatizó que existe una evidente disparidad en los criterios aplicados para anular procesos, advirtiendo que esta vulneración a la igualdad ante la ley representa un peligroso precedente para la democracia. Según sus palabras: "Queda claro que el trato en la justicia constitucional ha sido totalmente diferenciado. Mientras a la señora Fujimori le han anulado el proceso cuando el juicio ni siquiera había concluido, al señor Pedro Castillo le rechazan la demanda del Tribunal Constitucional porque señalan de que no ha agotado todavía el proceso penal en las diversas instancias", concluyó, vinculando estas decisiones a la composición de un tribunal elegido por un Congreso donde predominan los intereses de los partidos investigados.