Análisis Político
La exclusión de la región Amazonas del proyecto de presupuesto público para el próximo año ha generado una fuerte controversia. En diversos espacios públicos se cuestiona que, pese a contar con siete provincias, 84 distritos y más de 430 mil habitantes, la región no figure en los anexos oficiales que detallan el financiamiento para inversiones y sostenimiento de servicios regionales y locales.
Según los documentos presentados, el orden de presentación de las regiones sigue un criterio alfabético. Sin embargo, Amazonas —que debería encabezar la lista— no aparece en ninguno de los tres anexos principales: sostenibilidad de inversiones, límite de plazas CAS, y financiamiento para seguridad ciudadana. Esta omisión ha sido interpretada como un acto de discriminación y abandono por parte del Ejecutivo y del Legislativo.
Golpeada por emergencias y sin respaldo estatal
La polémica se agrava en un contexto en el que la región Amazonas afronta semanas de intensas lluvias, tormentas y caída de granizo que han dejado viviendas destruidas, derrumbes y zonas afectadas en múltiples localidades. Imágenes recientes muestran el trabajo de primera respuesta del gobierno regional, que ha intentado asistir a las familias damnificadas con ayuda humanitaria.
A pesar de esta situación crítica, se cuestiona la ausencia de respaldo del Ministerio de Economía y Finanzas, así como la falta de acciones desde el Congreso, especialmente de quienes representan a Amazonas.
Proyectos urgentes que no fueron considerados
El gobierno regional de Amazonas había presentado formalmente tres proyectos prioritarios para ser incluidos en el presupuesto fiscal, entre ellos:
Pese a la urgencia social y sanitaria de estos proyectos, ninguno habría sido incorporado en el proyecto final del presupuesto.
Una región que exige ser vista
La situación es considerada como un acto de invisibilización hacia una región históricamente golpeada por la falta de infraestructura, la precariedad en los servicios básicos y la violencia que afecta especialmente a menores de edad en zonas rurales y comunidades nativas.
Ciudadanía y autoridades locales esperan que el Gobierno central rectifique la omisión y que el Congreso brinde explicaciones sobre cómo una región completa pudo quedar fuera del documento oficial del presupuesto fiscal.