Análisis Político
En una reciente entrevista con Mayra Alvarez, el abogado Álvaro Bocanegra Landeras, especialista en Gestión Pública y Tributaria, advirtió sobre el peligro fiscal que representan algunos proyectos de ley que actualmente se debaten en el Congreso.
Crecimiento del gasto público y discrecionalidad del Congreso
Bocanegra recordó que el Consejo Fiscal ha venido alertando desde hace años sobre el incremento sostenido del gasto público, señalando que “el Parlamento no debería tener una iniciativa de gasto ilimitada”.El abogado explicó que, si bien el Tribunal Constitucional reconoció el derecho del Congreso a presentar proyectos con implicancias presupuestales, “debe existir un límite y un criterio técnico detrás de cada propuesta”. De lo contrario, dijo, se corre el riesgo de aprobar leyes populistas sin medir el impacto real sobre las finanzas del Estado.
“Hay iniciativas que pretenden deducir incluso pagos por extorsión en el impuesto a la renta. Eso es una barbaridad fiscal”, sostuvo Bocanegra, en referencia a los recientes proyectos impulsados por algunos congresistas.
Proyectos que podrían generar distorsiones tributarias
El especialista cuestionó duramente los proyectos de ley que plantean deducir pagos por extorsión o refinanciar deudas de empresas víctimas de crimen organizado, medidas que, en su opinión, “normalizan la extorsión” y podrían ser usadas de forma fraudulenta.Explicó que la legislación actual ya permite deducir “gastos extraordinarios comprobables”, como reparaciones por daños materiales, pero que pretender hacerlo mediante simple declaración jurada carece de sustento técnico y abre la puerta a abusos.
“Una cosa es deducir un gasto comprobado, como la reconstrucción de un local atacado; otra muy distinta es permitir que se descuenten supuestos pagos de extorsión sin verificación. Eso genera un forado fiscal enorme”, enfatizó.
Informalidad y déficit fiscal en aumento
Bocanegra advirtió que el déficit fiscal actual ya supera el 3%, y que la informalidad es uno de los principales factores que debilitan la recaudación.“De cada diez peruanos, solo dos tributan efectivamente. La pandemia agravó el problema y la gente no percibe retorno en servicios públicos, lo que incrementa la evasión y la desconfianza hacia el Estado”, afirmó.
En ese sentido, criticó que muchas políticas recientes sean “populistas y sin sustento económico”, lo que solo agrava la brecha fiscal y frena la formalización.
Educación, gasto público y calidad de servicio
El abogado sostuvo que el incremento del gasto público debe ir acompañado de una mejora en la calidad de los servicios, especialmente en educación.“Subir sueldos sin exigir resultados no resuelve nada. Cuando se habla de evaluación docente, el rechazo es inmediato, y así no se puede mejorar la educación”, señaló.Para Bocanegra, el problema no es gastar más, sino gastar mejor, pues la calidad del gasto define la sostenibilidad fiscal y la confianza ciudadana.
Empleo público, burocracia y falta de control
Otro punto crítico mencionado por el especialista es el crecimiento del aparato estatal, que hoy supera el millón de servidores públicos.“El Estado peruano se ha vuelto elefantiásico. Cada año aumenta la planilla sin una evaluación real de desempeño. Hay funcionarios que actúan como virreyes en las administraciones tributarias locales y nadie los controla”, subrayó.
Asimismo, consideró que el proceso de nombramientos debe incluir evaluaciones periódicas y ratificaciones, como ocurre en el Poder Judicial o el Ministerio Público, para evitar abusos y garantizar un servicio eficiente.
“Estamos al borde de una crisis fiscal”
El abogado hizo un llamado de alerta sobre la situación económica del país, indicando que “ya estamos en un déficit estructural” y que los próximos años podrían ser aún más difíciles si no se corrigen los excesos legislativos y el descontrol del gasto público.
“Estamos al límite. Si se siguen proponiendo leyes populistas, vamos a agravar la deuda y comprometer el futuro fiscal del país”, advirtió.
Finalmente, Bocanegra señaló que lo que necesita el Perú no son más leyes de gasto, sino una reforma tributaria integral que fomente la formalización, premie la eficiencia y devuelva confianza al ciudadano.