Análisis Político
En una reciente entrevista en el programa Conéctate, Raúl Samillán Sanga, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas de las protestas, reveló la difícil situación que atraviesan las familias afectadas por los acontecimientos de enero de 2023 y su férrea determinación de continuar exigiendo justicia.
Durante la conversación, Samillán explicó que muchos de los hermanos sobrevivientes se encuentran "totalmente abandonados por el estado" y se han convertido en "una carga para sus familias", postrados en cama debido a las secuelas de los hechos ocurridos durante las protestas en las regiones del sur del país.
Limitaciones económicas afectan la lucha por justiciaUna de las revelaciones más impactantes de la entrevista fue la situación económica precaria que enfrentan las víctimas. Samillán explicó que en esta ocasión solo llegaron a la capital aproximadamente 90 personas, a diferencia del año pasado cuando fueron 150 víctimas.
"Cada vez nosotros, como víctimas, tenemos problemas económicos. Mis hermanos lamentablemente son de extrema pobreza. Son personas que labran el campo y no pudieron venir, se quedaron prácticamente llorando en cada una de las regiones porque el limitante fue nuestra economía", reveló el presidente de la asociación.
Esta situación llevó a que muchas familias se quedaran en Puno sin poder trasladarse a Lima para participar en las manifestaciones, durmiendo "en el suelo con una manta" y enfrentando condiciones extremadamente precarias.
Represión policial durante las protestasSamillán denunció que durante los cuatro días de jornada de lucha, la policía nuevamente reprimió sus manifestaciones. "El mismo 28 de Julio, ni bien hemos salido del local de jirón Santa Rosa, nos cercaron con dos cordones policiales. No nos querían encerrar en la calle y que no se lleve a cabo esta marcha fúnebre", relató.
El dirigente enfatizó que tuvieron que "romper el cerco a pesar de haber recibido golpes, maltratos y pisoteos", insistiendo en que nunca han causado daño a la propiedad privada ni pública, sino que simplemente llevan sus voces de protesta.
Críticas a autoridades y pedido de apoyoDurante la entrevista, Samillán criticó duramente a diversas autoridades, incluyendo a la Defensoría del Pueblo, señalando que no sienten protección de los poderes del estado ni de las instituciones autónomas. "Lamentablemente, el defensor del pueblo solo defiende a ese pequeño sector que lo han elegido", indicó.
También se refirió directamente a la presidenta Dina Boluarte, manifestando que no es odio lo que sienten hacia ella, sino que simplemente debe "asumir su responsabilidad" por haber marcado sus vidas. "Usted estaba como autoridad en ese momento, así es que tiene que asumirlo y no ponga trabas a las investigaciones", declaró.
Casos críticos de víctimasEl presidente de la asociación detalló casos específicos de hermanos sobrevivientes que requieren atención urgente. Mencionó el caso de Diego Quispe Livise, quien "cada día está empeorando su salud porque lleva más de siete perdigones en el cuerpo" y cuyos nervios se van deteriorando progresivamente.
"Los perdigones que tiene en la cabeza, en el cráneo, ya están ingresando al cerebro. Entonces esos perdigones no son estables", explicó Samillán, evidenciando la gravedad de las secuelas que enfrentan las víctimas.
Mensaje final y llamado a la acciónSamillán concluyó la entrevista con un mensaje contundente sobre su determinación: "Llevamos la sangre de nuestros antepasados, de Túpac Amaru, de Pedro Vilca Apaza, de Micaela Bastidas. Esas son las mujeres que hoy en día siguen luchando a pesar de la edad".
El dirigente hizo un llamado final a la población para que apoyen su causa a través de la página de Facebook "Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero", donde publican información sobre sus actividades en la búsqueda de justicia.
"No vamos a detenernos hasta meter presos a los responsables. Ya no podemos mantener a estos delincuentes en cárceles doradas. Tenemos que mandarles a Challapalca", sentenció Samillán, dejando en claro que su lucha continuará hasta obtener la justicia que consideran merecida para sus seres queridos fallecidos y los sobrevivientes que aún sufren las consecuencias de aquellos trágicos acontecimientos.