Edwin Martínez: “YA ME BAJE A UN MIEMBRO DE LA JNJ Y SEGUIRÁ LA FISCAL DE LA NACIÓN, DELIA ESPINOZA"

En una reciente entrevista en el programa Conéctate con Mayra Alvarez, el congresista Edwin Martínez Talavera (Acción Popular) abordó temas candentes: desde su proceso judicial por presunto lavado de activos hasta su postura frente a la Fiscalía de la Nación, las protestas sociales y la seguridad ciudadana. Con un tono combativo, Martínez defendió su inocencia, criticó a sus adversarios políticos y reveló sus ambiciones presidenciales.

Defensa frente a acusaciones de lavado de activos
Martínez enfrenta un juicio oral por un desequilibrio patrimonial de 668,000 soles durante su gestión como alcalde de Mariano Melgar (Arequipa). El congresista calificó la investigación como un “sometimiento absurdo a intereses políticos”, asegurando que sus bienes provienen de décadas de trabajo como agricultor y empresario. “He cultivado en terrenos alquilados, compré camiones y construí una casa con mis ahorros”, afirmó, desestimando las acusaciones de la Fiscalía. Además, amenazó con denunciar a los fiscales y regidores que lo acusan una vez absuelto.

Críticas a la política y defensa del Congreso
El legislador defendió la labor del Congreso, argumentando que ha “mantenido la democracia” frente a gobiernos anteriores que, según él, permitieron la corrupción. Cuestionó las encuestas que reflejan el bajo apoyo ciudadano hacia el Legislativo: “Este Congreso ha evitado que el Estado sea una caja chica de grupos de poder”. También respaldó la nueva ley de contrataciones que permite a familiares de autoridades trabajar con el Estado, siempre que no sea en la misma entidad, y defendió la reelección de autoridades como sinónimo de “experiencia”.

Enfrentamiento con el sistema judicial
El congresista anunció que buscará remover a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, acusándola de “endiosarse” y actuar con “atropello a la probidad”. “Ya me bajé a un miembro de la JNJ [Junta Nacional de Justicia] y seguirá ella”, sentenció. Criticó la injerencia del Ministerio Público en allanamientos y liberaciones de delincuentes, insistiendo en que la impunidad aumenta por decisiones de la Fiscalía.