Análisis Político
En una entrevista reciente con Mayra Alvarez, César Delgado Guembes, ex Oficial Mayor del Congreso, reveló un esquema sistemático de repartición de cargos en el Legislativo, priorizando lealtades partidarias sobre méritos técnicos. El debate abordó la creación del Centro de Modalidades Formativas —una oficina aprobada mediante modificatorias al reglamento interno— y el nombramiento de Yesenia Lozano, vinculada a Alianza para el Progreso, en un puesto con un sueldo de 19,000 soles, superior al del presidente de la República.
Salarios elevados y opacidad institucionalRespecto a la designación de Yesenia Lozano, militante de Alianza para el Progreso, como directora del Centro de Modalidades Formativas, generó controversia debido a su sueldo de 19,000 soles y las dudas sobre sus calificaciones. Aunque el Congreso afirmó que Lozano cuenta con maestrías, verificaciones en SUNEDU no encontraron registro de estudios de posgrado, solo un título profesional. Delgado Guembes explicó que el Oficial Mayor, responsable formal de las contrataciones, suele acatar decisiones políticas de la Mesa Directiva, priorizando formalidades sobre evaluaciones rigurosas. “El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, no usurpa funciones; es la autoridad máxima, pero el Oficial Mayor se presta a estas designaciones”, indicó.
La repartija de poderSegún el exfuncionario, el problema va más allá del caso individual de Lozano, ya que se trata de un fenómeno generalizado donde "están involucrados todos los miembros de la Mesa Directiva" que "se reparten la torta ocupando los puestos de los más altos niveles funcionariales con gente que pertenece a su partido, sea Perú Libre, sea Avanza País, sea Fuerza Popular o el propio Alianza para el Progreso".
Delgado Guembes mencionó varios ejemplos: "La Dirección General Parlamentaria se ha entregado a Fuerza Popular, la biblioteca a Fuerza Popular, la oficina de comunicaciones a la señora Aramayo, que antes estuvo en Fuerza Popular, ahora es de Avanza País". Según sus cálculos, estos nombramientos políticos podrían llegar a ocupar entre 50 y 60 puestos funcionariales de alto nivel.
Debilitamiento de la institucionalidadEl exfuncionario criticó la eliminación en 2022 del Estatuto del Servicio Parlamentario, promovido inicialmente por Luis Galarreta (Fuerza Popular), que garantizaba criterios de experiencia y carrera técnica. “Ahora cualquiera puede llegar a un puesto alto sin expertise en el Legislativo”, advirtió, señalando que se priorizan experiencias externas (municipios, gobiernos regionales) sobre conocimientos parlamentarios.