Análisis Político
En una reciente entrevista en el programa Conéctate con Mayra Alvarez, la abogada Cynthia Silva, representante legal de las víctimas de esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, denunció al actual Ministro de Justicia por incumplir las reparaciones integrales ordenadas judicialmente para miles de mujeres afectadas. Silva destacó la urgencia de justicia ante un Estado que, según señaló, sigue priorizando la impunidad.
Un crimen de Estado impuneDurante la conversación, Silva recordó que más de 5,000 mujeres registradas —y más de 3,000 en el ámbito penal— fueron víctimas de esterilizaciones forzadas en los años 90, prácticas sistemáticas que aún carecen de condena. "La justicia penal nacional no ha respondido en más de 20 años, y tampoco se han implementado las reparaciones integrales ordenadas por un juzgado constitucional", afirmó. A esto se suma que muchas víctimas, hoy entre los 50 y 60 años, enfrentan secuelas físicas y emocionales, e incluso han fallecido sin ver justicia.
Denuncia penalLa abogada explicó que la denuncia interpuesta el 4 de abril contra el Ministro de Justicia se basa en el incumplimiento ilícito de un mandato judicial. "El gobierno actual no solo actúa mal: comete delitos. Aquí hay resistencia a la autoridad, omisión de funciones y desobediencia", sostuvo. Silva criticó que el Estado pretenda reducir las reparaciones a un "plan" y no a una política nacional, minimizando la gravedad del caso.
Corte Interamericana: ¿Última esperanza?Ante la pregunta de si el caso llegaría a instancias internacionales, Silva recordó que Perú tiene un juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos designado por el actual gobierno, lo que podría complicar el proceso. Sin embargo, destacó que las víctimas "no se callarán" y seguirán exigiendo justicia, incluso frente a leyes que buscan debilitar su defensa legal, como la polémica Ley APCI.
Una deuda históricaCynthia Silva cerró con un mensaje contundente en nombre de las víctimas: "No se van a callar. No se van a cansar de buscar esa justicia que está pendiente, que es una deuda histórica que tiene el Estado peruano con ellas". La denuncia penal, aún sin respuesta, expone una crisis institucional que trasciende décadas y refleja la urgencia de priorizar los derechos humanos sobre pactos políticos.