Análisis Político
Javier Aliaga Giraldo, especialista en resolución de conflictos y CEO del Grupo Diálogo Consultores, ha lanzado una seria advertencia sobre la crítica situación que atraviesa la provincia de Pataz. Según el experto, organizaciones criminales, que se camuflan bajo la fachada de minería informal, han tomado el control del territorio. Lo que comenzó como un problema de ilegalidad minera ha evolucionado en una estructura de crimen organizado que extorsiona empresas, atenta contra la vida de trabajadores, sabotea infraestructuras estratégicas como torres eléctricas y pone en riesgo la soberanía nacional.
“El caso de Pataz va mucho más allá de la minería informal. Estamos hablando de mafias que operan con total libertad, utilizando el miedo como su principal mecanismo de control. Lo más preocupante es que el estado de emergencia —vigente desde hace más de un año— no ha logrado contener esta amenaza. Hasta ahora, no se han implementado estrategias de inteligencia militar o policial eficaces que hagan frente al problema”, expresó Aliaga.
Para el especialista, la falta de acción del Gobierno central, el Congreso y las autoridades regionales ha agravado la situación. “La presidenta Dina Boluarte se limita a declaraciones sin respaldo de medidas concretas. El gobernador César Acuña guarda un silencio que resulta alarmante, y desde el Congreso no hay presión efectiva ni voluntad para asignar recursos que ayuden a revertir esta peligrosa realidad”, apuntó.
Aliaga también resaltó que algunas comunidades han empezado a organizarse para enfrentar la amenaza, como es el caso de Llacubamba. Sin embargo, subrayó que cualquier solución de fondo debe venir desde el Estado. “La clave es una respuesta integral que combine inteligencia militar con diálogo social y desarrollo. No basta con erradicar a las mafias; se necesita también invertir en salud, educación y formalización minera para brindar alternativas reales a las poblaciones”, explicó.
Asimismo, destacó la labor que realizan las principales compañías mineras de la zona, como Minera Poderosa, Marsa y Horizonte, en su esfuerzo por generar desarrollo sostenible y proteger el territorio ante el avance del crimen organizado. No obstante, advirtió que estas iniciativas no serán suficientes si no hay una respuesta contundente del Estado. “Las empresas pueden generar cambios significativos con proyectos sostenibles, pero si el Estado no asegura el control territorial y enfrenta a las mafias con decisión, ninguna inversión tendrá garantía”, sostuvo.
Aliaga también alertó sobre el creciente nivel de violencia. “Los grupos criminales, algunos dirigidos por actores extranjeros, ya no solo extorsionan a los mineros informales; ahora están amenazando directamente a las compañías mineras. Esto ha escalado a un nivel que no puede llamarse minería informal: es terrorismo económico. Y debe tratarse como una prioridad nacional”, enfatizó.
Finalmente, el experto lanzó una advertencia contundente: “Si el Estado no actúa con urgencia, estaremos repitiendo errores del pasado. Las mafias seguirán creciendo, apropiándose de la minería y comprometiendo el futuro del país. Esta es una crisis con tintes de terrorismo y necesita una respuesta firme para asegurar la paz y el desarrollo en regiones como Pataz”.