Análisis Político
En una entrevista exclusiva con Mayra Alvarez, Jorge Paredes Terry, Asesor de Rondas Campesinas de Pataz, y Luis Herrera Romero, Exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, analizaron la grave situación de inseguridad que afecta a la provincia de Pataz y al país en general, criticando las estrategias actuales del gobierno.
Paredes señaló que Pataz, a pesar de ser una provincia minera con gran riqueza aurífera, sufre de extrema pobreza y carencias básicas. "Pataz no tiene un hospital. La agricultura no existe. Y gracias al REINFO, hace seis años la población está recién por primera vez haciendo uso de un recurso legal para poder progresar", afirmó.
Según el asesor, la crisis de inseguridad actual tiene sus orígenes en las prácticas de la empresa minera Poderosa, cuyos funcionarios habrían contribuido al empoderamiento de grupos delictivos en la zona. "Pataz está sumido en la delincuencia... con las malas praxis de la compañía minera Poderosa, esta situación se descontroló", denunció Paredes.
Respecto al estado de emergencia declarado en Pataz, ambos especialistas coincidieron en que ha sido ineficaz, pues las fuerzas armadas y la policía "solamente se dedican a cuidar los campamentos mineros de las grandes compañías" mientras la población queda desprotegida.
Por su parte, Herrera resaltó la importancia de incorporar a las rondas campesinas al sistema de seguridad ciudadana, lamentando que una ley aprobada en 2021 con este fin nunca fue reglamentada y posteriormente fue derogada. "Se perdió una oportunidad importante de incorporar cerca de medio millón de personas a toda la red de seguridad ciudadana", expresó.
Sobre el servicio militar obligatorio, Herrera aclaró que conceptualmente está de acuerdo, pero advirtió que no debe distorsionarse como "una forma de llevar gente simplemente para llenar el cuartel", sino que debe ser parte de un proceso mayor de formación ciudadana.
Entre las propuestas ofrecidas, Herrera enfatizó tres ejes fundamentales para combatir la inseguridad: la tecnología para inteligencia e investigación criminal, el control territorial efectivo con políticas estrictas de control de armas, y una estrategia agresiva contra la corrupción dentro de las instituciones policiales y militares. "No podemos luchar contra el delito si tenemos delincuentes dentro de las instituciones", sentenció.
Como solución definitiva, ambos coincidieron en la necesidad de implementar un régimen de excepción. "Deberíamos entrar en un régimen de excepción... cuando afecte gravemente la vida de la nación, se puede llamar a un régimen de excepción", afirmó Paredes, considerándola "la única forma de limpiar el país".
Herrera añadió que este régimen debería durar entre 24 y 36 meses, contar con la firma del ejecutivo, poder judicial y fiscalía de la nación, y estar dirigido específicamente a la identificación, captura y encarcelamiento de delincuentes de alta peligrosidad y crimen organizado. "De nada va a valer poner policías, poner de la fuerza armada... si al final la cadena de justicia no funciona y los delincuentes salen libres", concluyó.