Análisis Político
En una reciente entrevista en el programa Conéctate con Mayra Alvares, transmitido por nuestro canal, el ex presidente interino de Perú, Manuel Merino de Lama, ofreció declaraciones contundentes sobre su breve mandato en noviembre de 2020 y los eventos que marcaron uno de los episodios más controvertidos de la historia reciente del país. Durante la conversación, Merino abordó las acusaciones en su contra, la represión policial que dejó dos jóvenes fallecidos durante las protestas de aquel año y lanzó fuertes críticas a lo que calificó como una conspiración política orquestada en su contra.
El diálogo comenzó con la conductora Mayra Alvares recordando las denuncias que enfrentó Merino tras asumir la presidencia de la República, luego de que el Congreso destituyera a Martín Vizcarra. Entre ellas, una investigación por presunta omisión en delitos de homicidio y lesiones durante las manifestaciones, la cual fue archivada en 2022 por la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Merino respondió que los planes operativos de la Policía Nacional no dependen del presidente ni del Consejo de Ministros, aunque sí señaló que “la responsabilidad política recae en el ministro del Interior”.
El ex mandatario insistió en que los sucesos de 2020 fueron parte de un plan premeditado. Según él, las muertes de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, ocurridas durante las protestas contra su gobierno, no fueron consecuencia de órdenes directas, sino de una estrategia para desestabilizarlo. “Para mí, fueron sembrados, no asesinados. Los llevaron para cumplir un cometido”, afirmó, sugiriendo que las investigaciones no avanzaron por falta de voluntad de Ávalos y apuntando a una supuesta influencia de grupos como el Instituto de Defensa Legal (IDL) y los denominados “caviares”, término que utilizó para referirse a una red de actores políticos e ideológicos que, según él, incluyó al entorno de Vizcarra y a la propia ex fiscal.
Merino también habló de intereses económicos detrás de su caída. Mencionó contratos millonarios con empresas chinas aprobados en los gobiernos de Vizcarra, Francisco Sagasti y Pedro Castillo, así como irregularidades en la gestión de la pandemia y las vacunas, que, a su juicio, dejaron a Perú con una de las tasas de mortalidad por COVID-19 más altas del mundo. “Estábamos a 20 días de debatir la Ley de Presupuesto por 138 mil millones de soles, había intereses que ellos se dieron la posta para manejar”, denunció, refiriéndose a una supuesta alianza entre sus sucesores.
Sobre las diferencias con el gobierno de Dina Boluarte, quien enfrenta críticas por más de 50 muertes en protestas durante su gestión, Merino marcó distancia: “En nuestro caso, se comprobó que los jóvenes murieron con armas hechizas, no de la policía. En el caso de Boluarte, hay balas de militares y policías, es otro contexto”. Sin embargo, evitó responsabilizar directamente a la actual presidenta, argumentando que las órdenes operativas no provienen del Ejecutivo, aunque señaló que Boluarte “está seriamente comprometida” por múltiples investigaciones.
En cuanto a su propia gestión, Merino calificó su breve presidencia como víctima de una persecución política sin precedentes. “Fuimos perseguidos políticamente, los acontecimientos del 2020 estuvo organizado, fue un golpe de Estado civil”, afirmó categóricamente, dejando entrever que, a su juicio, los hechos que lo obligaron a renunciar tras solo cinco días en el poder fueron parte de un complot que aún no ha sido plenamente investigado.