Análisis Político
En una reciente entrevista con el programa Conéctate con Mayra Alvarez, el exviceministro de Promoción del Empleo, Fernando Cuadros Luque, reveló datos preocupantes sobre la informalidad laboral en el sector público peruano y planteó la necesidad urgente de reformas estructurales en el Estado.
Cuadros Luque señaló que actualmente existe un 10% de trabajadores informales en el sector público, quienes, a pesar de realizar labores como asalariados para el Estado, no están declarados en planilla y, por ende, no acceden a beneficios laborales. "El Estado, que es el encargado de hacer cumplir la normativa laboral, no las cumple. Hay un problema de incoherencia", enfatizó.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Perú cuenta con 1.5 millones de trabajadores estatales, representando el 9% del empleo nacional. Esta cifra, explicó el exviceministro, está por debajo del promedio de los países de la OCDE, donde el empleo público representa entre el 15% y 16% del total, llegando incluso al 25% en países escandinavos.
"Tenemos un Estado pequeño pero a la vez ineficiente, que requiere una reforma importante para brindar servicios de mayor calidad", manifestó Cuadros Luque, quien además destacó la necesidad de incrementar la presencia estatal a nivel nacional, considerando que existen localidades donde el Estado está ausente.
El experto identificó como uno de los principales problemas la ausencia de una carrera meritocrática en el sector público. "Hay una diversidad de regímenes laborales, cada uno con reglas distintas, y muchos se prestan para nombramientos a dedo de personas que no cumplen con el perfil del puesto", señaló, advirtiendo que esta situación facilita la corrupción.
Respecto a las soluciones, Cuadros Luque propone implementar un régimen unificado a través de la Ley 30057 del Servicio Civil, que busca integrar a los trabajadores bajo diferentes regímenes en un único sistema basado en la meritocracia y el buen desempeño. Esta reforma, según estimaciones de SERVIR, tendría un costo aproximado de 8 mil millones de soles a nivel del gobierno nacional y gobiernos regionales.
El exviceministro destacó la necesidad de fortalecer la fiscalización laboral en el sector público, sugiriendo que SERVIR encargue a SUNAFIL la supervisión del cumplimiento de la normativa laboral en todas las entidades estatales. "Con qué cara el Estado puede hacer cumplir la normativa si el mismo no la cumple como empleador", concluyó.