Análisis Político
En una entrevista en el programa "Conéctate con Mayra Alvarez", Edgar Tello Montes, congresista de Podemos Perú, y Jimmy Sotomayor Herrera, abogado penalista, compartieron su preocupación sobre el estado actual del Congreso y las implicancias jurídicas de recientes cambios legislativos. Ambos coincidieron en que las modificaciones legales realizadas están afectando negativamente la lucha contra el crimen organizado y la justicia en el país.
Creo que estamos ante el peor Congreso en nuestra historia republicana, al menos desde el punto de vista jurídico. Los cambios que se han hecho en materia penal y procesal penal han sido aberrantes”, señaló Jimmy Sotomayor.
Jimmy Sotomayor inició su intervención destacando que muchas de las recientes leyes aprobadas en el Congreso carecen de sustento técnico. Según Sotomayor, “se han eliminado herramientas clave, como la detención preliminar en casos donde no hay flagrancia, lo cual ha permitido la liberación de delincuentes y organizaciones criminales”. Además, criticó que la norma sobre crimen organizado haya endurecido los requisitos para tipificar ciertos delitos como tales, excluyendo delitos graves como el tráfico de influencias y la estafa. “¿Para qué endurecer estos estándares?”, cuestionó, al señalar que esto reduce las penas potenciales de 25 años para una organización criminal a solo 11 años si se califica como banda criminal.
Sotomayor también criticó la falta de asesoramiento técnico en el proceso legislativo, asegurando que decisiones de este tipo responden más a intereses políticos que a una base jurídica sólida. “¿Cómo puede un congresista, sin asesoría adecuada de litigantes, jueces o fiscales, atreverse a modificar normas tan importantes?”, preguntó, calificando estas acciones de populistas y perjudiciales para la lucha contra el crimen organizado.
Por su parte, el congresista Edgar Tello Montes abordó el tema desde una perspectiva política, admitiendo que las decisiones en el Congreso están influenciadas por una pugna de poderes. “Siempre hay una lucha por ocupar espacios en el Estado, como el Poder Judicial, el Ministerio Público o el Tribunal Constitucional”, señaló Tello, enfatizando que estas pugnas no son nuevas, sino que han existido desde los inicios de la República.
Tello también expresó su preocupación por la desigualdad en el acceso a la justicia, citando casos de fiscales y jueces cuyas demandas judiciales son resueltas en cuestión de días, mientras que los ciudadanos comunes enfrentan procesos que duran años. “La justicia debe ser transparente e igual para todos”, afirmó.
Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue la discusión sobre la Ley de Extinción de Dominio, que busca incautar bienes relacionados con actividades ilícitas como el narcotráfico y la corrupción. Sotomayor destacó que esta ley, inspirada en el modelo colombiano implementado tras el caso de Pablo Escobar, ha sido fundamental en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, advirtió que recientes modificaciones buscan reducir su rigor, lo que beneficiaría a políticos involucrados en delitos graves. “Lo que más les duele es cuando les tocan el patrimonio, y por eso buscan modificar la norma”, sentenció.
Ante estas afirmaciones, Tello reconoció que la voluntad política juega un rol en las decisiones legales, pero insistió en que no se deben mediatizar los casos judiciales. “Es cierto que hay sectores que usan las instituciones del Estado para hacer persecución política, pero también debemos garantizar que la investigación llegue a su fin”, comentó.
La conversación también abordó la reciente derogatoria de la Ley 32108, relacionada con el crimen organizado. Tello aclaró que votó en abstención, argumentando que esta derogatoria refleja las pugnas políticas antes mencionadas. “Denuncié públicamente esta pugna de poder.”, enfatizó.
Sobre el tema de la pena de muerte en el Perú ha generado posturas críticas en torno a su viabilidad y consecuencias. Edgar Tello resaltó que, como país suscriptor del Pacto de San José, implementar esta medida requeriría abandonar dicho convenio, lo que sentaría "un mal precedente sobre la vulneración de los derechos humanos" y expondría al país a críticas internacionales. Además, calificó la propuesta como "un tema populista" que busca captar apoyo, pese a ser inviable en la práctica.
Por otro lado, Jimmy advirtió que renunciar al Pacto de San José dejaría a los peruanos sin protección ante posibles abusos del Estado, calificando la propuesta de "populista inconcebible". Propuso, de manera irónica, que si se discute la pena de muerte, también se contemple aplicarla a "los funcionarios públicos corruptos".