Análisis Político
David Velasco Rondón, abogado y director ejecutivo de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), se pronunció en una reciente entrevista en el programa "Conéctate con Mayra Alvarez" sobre las propuestas del Consejo de Estado en torno al uso de las fuerzas del orden en el contexto de seguridad ciudadana y la justicia militar. Velasco expresó su profunda preocupación ante la posibilidad de que se permita a los tribunales militares y policiales juzgar casos de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales y torturas, en los que puedan estar involucrados efectivos militares y policiales.
Según Velasco, permitir que el fuero militar sea "juez y parte" en estos casos representa un "absoluto desconocimiento de las normas legales, la Constitución y los tratados internacionales de protección de derechos humanos". Explicó que esta jurisdicción solo debería aplicarse a "delitos de función en los que se afecten bienes militares o policiales", y no a hechos graves como homicidios y lesiones graves, los cuales corresponden a delitos comunes. Desde 2004, el Tribunal Constitucional ha reafirmado en numerosas ocasiones que estos delitos deben ser juzgados en el fuero común, no en el militar. También criticó la decisión del Consejo de Estado, considerándola sorprendente dado que contaron con asesores legales y representantes de instituciones como el Poder Judicial. "Nos sorprende, pero también nos indigna esta tremenda ignorancia del Consejo de Estado", manifestó, refiriéndose a las declaraciones de la Presidenta Dina Boluarte, quien propuso que los tribunales militares pudieran intervenir en estos casos.
Velasco advirtió sobre el riesgo de permitir que los militares y policías investiguen a sus propios pares, ya que esto favorece un "espíritu de cuerpo mal entendido" que podría interferir en el curso de una investigación imparcial. "Si ahora mismo, por las ejecuciones extrajudiciales producidas en las protestas de 2022 y 2023, los oficiales están entorpeciendo la actividad de investigación, tener un interrogador que facilite esta actividad de entorpecimiento sería aún peor", declaró Velasco.
Respecto a la idea de eximir a los agentes de la ley de procesos judiciales ordinarios, Velasco advirtió que es inconstitucional conceder un trato diferenciado a los efectivos policiales y militares. Para él, estas propuestas violan el principio de igualdad ante la ley, ya que "los efectivos policiales no son un sector que merezca un trato diferenciado respecto a los demás ciudadanos". Cualquier persona que haya cometido un acto delictivo debería enfrentar el proceso judicial ordinario, sin importar su función o cargo, argumentó Velasco.
El abogado también criticó una reciente intervención del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, calificándola de "vergonzosa". Según Velasco, el Defensor hizo una intervención incoherente, sugiriendo que los tribunales militares y policiales solo deberían intervenir en casos de violaciones de derechos humanos durante el estado de emergencia, y que una vez finalizado este, los casos pasarían al fuero común. "La verdad, me da vergüenza tener un defensor del pueblo con esa capacidad intelectual", expresó Velasco, lamentando la falta de coherencia en las declaraciones del defensor.
Finalmente, Velasco hizo un llamado al respeto por los derechos fundamentales de la ciudadanía, incluido el derecho a la protesta, recordando que los tratados internacionales y la jurisprudencia nacional amparan este derecho. Expresó que el derecho a protestar es fundamental y debe ejercerse en paz y sin interferencias represivas.