Análisis Político
En los días previos a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que tendrá lugar en Lima del 13 al 15 de noviembre, el gobierno peruano enfrenta una ola de manifestaciones sociales. Diversos sectores de la ciudadanía han convocado protestas nacionales en respuesta a la creciente inseguridad, la corrupción y la falta de medidas efectivas por parte del gobierno para mejorar la situación. Sin embargo, el Ejecutivo, en un intento por preservar la imagen del país ante los asistentes de APEC, ha pedido a la población que evite las protestas y, de ser necesario, esperen tiempos mejores para hacer escuchar sus reclamos.
“Tengamos en cuenta que los días que se va a realizar APEC, el Perú va a ser visto por todo el mundo y tenemos que darle al mundo nuestra mejor imagen. Sería muy lamentable que en esos días demos un mal espectáculo, un espectáculo de conflicto”, manifestó el premier durante la presentación de un Centro de Atención MAC en Ica.
”Yo invoco de la manera más fraterna a los manifestantes para que durante esos tres días se abstengan de realizar marchas y protestas a efectos de que nuestros visitantes puedan sentirse a gustos y seguros en nuestro país”, añadió Gustavo Adrianzén.
Este llamado a la calma ha sido visto como un intento de censura. La libertad de expresión y el derecho a la protesta son derechos garantizados por la Constitución peruana, y restringirlos para no incomodar a los visitantes extranjeros se percibe como un menosprecio a las necesidades de la población, destacando la desconexión entre sus problemas diarios y las prioridades del gobierno.
La inseguridad ha sido el principal desencadenante de las protestas programadas, ya que la criminalidad en el Perú ha alcanzado niveles alarmantes. Asaltos, extorsiones y homicidios han convertido las calles en espacios de temor, y el gobierno no ha presentado un plan efectivo para enfrentar la situación. Ciudadanos y comerciantes exigen medidas de seguridad urgentes y se sienten desprotegidos, paga ”cupos” para poder trabajar en paz y, en muchos casos, no sabe si va a regresar a salvo a su hogar.
La tensión se ha intensificado aún más con la reciente autorización del Congreso para permitir la entrada de tropas militares estadounidenses al país durante el foro de APEC. Este permiso, amparado en la Constitución y en la Ley 27856, permite el ingreso de personal armado extranjero cuando existan eventos internacionales que puedan requerir seguridad adicional. Mediante una resolución firmada por la presidenta Dina Boluarte y el premier Gustavo Adrianzén, el gobierno ha dado luz verde para que 600 efectivos del Ejercito, Fuerza Aérea e Infantería de la Marina de los Estados Unidos de América ingresen al Perú, equipados con fusiles, Helicópteros Black Hawk, aviones, camiones de recarga y una serie de equipos militares sofisticados.
El objetivo oficial de esta medida, según el gobierno, es brindar “apoyo logístico y de seguridad” antes, durante y después del desarrollo de APEC. El personal militar, autorizado a permanecer en el país del 4 al 24 de noviembre, cubrirá Lima, Pisco y Chiclayo en sus operaciones de “seguridad”. Sin embargo, el despliegue de este tipo de armamento ha generado rechazo y preocupación en la población.
¿Cuál es la justificación para tal nivel de militarización?
Para muchos ciudadanos, la presencia de tropas extranjeras en suelo peruano no parece una medida de seguridad, sino un acto de intimidación. La protesta ciudadana ante la falta de soluciones efectivas se percibe como una amenaza que el gobierno parece querer sofocar. En este sentido, el despliegue de efectivos estadounidenses sugiere que el gobierno no solo intenta proteger su imagen internacional, sino que busca frenar la expresión pública de descontento mediante una muestra de fuerza que podría coartar la libertad de expresión.
La indignación entre los ciudadanos es palpable. A la frustración generada por la falta de respuestas a problemas estructurales como la pobreza y la inseguridad, se suma la percepción de un gobierno que, en lugar de atender las necesidades de su pueblo, da prioridad a intereses externos y recurre a estrategias autoritarias para contener el descontento social.
La crítica al gobierno no se limita solo a la inseguridad. La llegada de tropas estadounidenses en este contexto se interpreta también como un indicio de que el Ejecutivo busca sofocar la libertad de expresión, restringiendo un derecho fundamental bajo el pretexto de la seguridad.
Los días 13, 14 y 15 de noviembre serán una prueba de fuego para el gobierno peruano, que se encuentra bajo la atenta mirada de la comunidad internacional y de una ciudadanía que ya no soporta vivir bajo el peso de la inseguridad y la falta de respuestas. En lugar de tratar de silenciar la voz de su pueblo, el Ejecutivo debería responder a sus demandas, mostrando un compromiso real con los problemas que afectan a los peruanos. De lo contrario, el foro de APEC en Lima podría convertirse en un recordatorio amargo de las promesas incumplidas y del sufrimiento diario de millones de ciudadanos.